Congreso gasta más de 900 millones de soles solo en planillas, duplicando su presupuesto en cinco años
El Congreso de la República, en los últimos cinco años, ha duplicado su presupuesto para la contratación y pago de personal activo. En el 2021 empezó con 402 millones de soles al año, y para el 2025, terminó con 906 millones de soles en gastos de planillas de personal. Los trabajadores del Parlamento reciben bonos mensuales, semestrales y anuales, gracias a un desembolso aprobado por la Mesa Directiva.
Cada legislador tiene derecho de contratar a siete empleados de confianza para su oficina. Los sueldos netos que perciben son: 10.924 soles para el asesor 1; 8.957 soles para el asesor 2; 6.092 soles para dos personas con categoría de técnico; y 2.988 soles para un asistente, un auxiliar y un coordinador. Sin embargo, el Congreso esconde su estructura financiera real, que hace que estos salarios sean en realidad mayores de lo que aparentan.
En entrevista en Punto Final, el jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Christopher Acosta, explicó que, en cuanto a la fiscalización de estos bonos, el exlegislador Carlos Anderson presentó un proyecto de ley para evitar el despilfarro de recursos públicos en bonificaciones extraordinarias, el cual quedó archivado.
LOS SUELDOS REALES
Cuando concluye cada una de las legislaturas del Parlamento, los trabajadores reciben un bono de 3 UIT, que equivale a 16.500 soles; es decir, 33 mil soles anuales. Desde hace algunos años, se divide este monto, libre de descuentos, entre los 12 meses del año. También se les otorga 100 soles diarios para gastos de alimentación, solo por el hecho de ir a trabajar, por concepto de bono de racionamiento o gastos operativos. Sumado al mes, da 2.100 soles.
De esta manera, se develan los verdaderos ingresos que reciben estos funcionarios: 15 mil soles para el asesor 1, más de 13 de mil soles para el asesor 2, casi 11 mil soles para el personal técnico, y 7.888 soles para asistentes, auxiliares y coordinadores. Solo los dos primeros cargos requieren título profesional o de postgrado. Los demás solo necesitan acreditar estudios universitarios incompletos. Para descubrirlo, trabajadores y extrabajadores del parlamento colaboraron con Punto Final, entregando sus boletas de pago.
BONOS ADICIONALES CONTINÚAN
En febrero, un empleado regular del Poder Legislativo recibe un sueldo completo adicional por bono de escolaridad, así tengan hijos o no. Luego, en marzo, se les paga 2.200 soles por bono de vestimenta, en mayo perciben medio sueldo más por CTS y en junio se les deposita 11.500 soles por ampliación de legislatura. Este sistema de bonificaciones sería insostenible para el sector privado y es atítpico en el Estado, según el programa de investigación.
En julio y noviembre tienen derecho a pagos por beneficios laborales como todo trabajador formal. Sin embargo, en diciembre, reciben un bono de 11.500 soles como mínimo por cierre de legislatura. La cifra, sin embargo, puede cambiar. En diciembre del año pasado, el bono fue de 30.000 soles al culminar el año, lo que equivale a 5 UIT. Finalmente, se hacen acreedores de un bono por irse de vacacines, correspondiente a un sueldo aparte. Esto, adicionalmente a lo que reciben por este descanso que ya es remunerado.
LOS CONVENIOS DE FERNANDO ROSPIGLIOSI
Durante la gestión de Fernando Rospigliosi como presidente del Congreso, se firmó un convenio colctivo con el sindicato de trabajadores que incrementará los beneficios económicos que ya gozan. El 20 de diciembre del 2025, se acordó autorizar la suscripción de la convención colectiva de trabajo 2026-2027 con el sindicato del Parlamento. Punto Final solicitó acceder a una copia del acuerdo con los trabajadores, pero el Parlamento bloqueo el pedido. “Luego de la búsqueda en el sistema, se indica que no se cuenta con dicho documento en nuestro archivo”, respondió Sonia Polino, jefa de Recursos Humanos del Poder Legislativo.
El secretario del sindicato, Tulio Vizcarra, defiende estos pagos, comparándose con otras entidades públicas. No obstante, la diferencia más importante con otras instituciones pública recae en que el Congreso se ha autoexcluido de la ley Servir, que promueve la meritocracia.