Desde eliminar feriados hasta permitir al Ejército en penales: las facultades que Keiko Fujimori pide al Congreso
En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Gobierno dio un paso que ahora deberá evaluar el Congreso. Este 29 de julio no solo se celebró la Parada Militar 2026, también se dio el primer Consejo de Ministros entre el gabinete ministerial de Keiko Fujimori liderado por Luis Galarreta.
El evento, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, empezó a las 8.00 a. m. y terminó con un pedido al Congreso: delegar facultades legislativas a Keiko Fujimori para que pueda emitir leyes, como decretos, en materias de seguridad ciudadana, burocracia, economía, contratos directos, medio ambiente y reformas institucionales.
Dentro del primer proyecto ley del gabinete fujimorista figuran medidas que probablemente generen debate: reducción de feriados, eliminar los topes de tasa de interés que el BCRP coloca a los bancos financieros, eliminar la ley que regula los peajes, simplificar permisos ambientales para inversiones privadas, enviar al Ejército a los penales, acelerar inversiones con la disminución de requisitos, entre otros.
Sin embargo, esto aún lo debe evaluar el Congreso a través de las cámaras del Senado y Diputados. En caso de aprobarlas, definirá el plazo durante el cual el Gobierno de Fujimori podrá emitir decretos de ley.
En esta nota de Latina Noticias, te presentaremos el primer pedido de la presidenta y qué facultades solicita al Congreso para legislar mediate decretos legislativos.
1) Éjercito en penales y cambios en seguridad
El primer literal del pliego de pedidos de Keiko Fujimori se centra en su principal eslogan de campaña: combate contra la delincuencia, y con herramientas ya anunciadas, como el apoyo del ejército. Sin embargo, también prevé modificar el marco normativo para incentivar la participación e inversión del sector privado en infraestructura de los penales, su administración, gestión, operación y prestación de servicios.
En ese sentido, también solicita facultades para que personal de las Fuerzas Armadas pueda tomar la dirección, seguridad, control, supervisión y apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios.
2) Cambios para empresas y emprendedores
El segundo pedido de Fujimori es poder modificar las reglas para las micro y pequeña empresas con el objetivo de incentivar la formalización. Para ello, el Ejecutivo solicita facultades para crear un régimen laboral progresisvo que permita regular aspectos como los aportes a EsSalud (o también seguros privados) y al sistema de pensiones (sea AFP o la ONP), la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, horas extras, participación en la utilidades y la protección contra el despido. Este punto podría abrir varios cambios que dependerán de la presidenta.
Asimismo, plantea aprobar medidas para facilitar el acceso de los emprendedores al financiamiento mediante instrumentos de capital semilla, garantías y créditos productivos, además de impulsar programas de capacitación. En este mismo capítulo, también propone modificar el régimen legal de las empresas, incluyendo cambios en la normativa de la Sociedad Anónima Cerrada Simplificada (SACS), con la finalidad de hacer más flexible la creación y funcionamiento de este tipo de sociedades.
3) Menos feriados, flexibilidad en despidos y cambios laborales
En materia laboral, hay varios cambios que plantea el Poder Ejecutivo de Keiko que busca modificar la relación entre las empresas y trabajadores. Este pedido incluye la facultad de hacer cambios a la Ley General de Inspección del Trabajo, para que la Sunafill no solo fiscalice y sancione incumplimientos, sino que tenga un rol más activo para promover la formalización mediante un enfoque preventivo que aún no es explicado.
Sin embargo, también plantea revisar las normas sobre la extinción de contrato (despido o término), que busca especificar “causas objetivas” para otorgar mayor flexibilidad a las empresas cuando atraviesen cambios económicos, financieros o tecnológicos.
Las facultades también permitirían modificar el régimen de beneficios laborales, como las vacaciones, las horas extras, las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios (CTS) y la participación en las utilidades, con el objetivo de facilitar acuerdos entre empleadores y trabajadores. A ello se suma la creación de bonos de productividad que no tendrían carácter remunerativo, la precisión de las reglas de indemnización para trabajadores de dirección despedidos por pérdida de confianza y, uno de los puntos que más debate puede generar, la reducción del número de feriados no laborables para, según la propuesta, con el objetivo de fomentar la productivdad, según el proyecto ley.
4) Menos requisitos y más silencio administrativo positivo
Otro de los ejes del pedido busca reducir la cantidad de requisitos para las empresas y ciudadanos con el fin de obtener permisos, licencias y autorizaciones del Estado. Para ello, el Gobierno solicita facultades para eliminar o simplificar exigencias legales, ampliar la vigencia de permisos existentes e incluso permitir que varias autorizaciones se renueven de manera automática, con el objetivo de acelerar proyectos e inversiones.
Asimismo, plantea revisar las tasas y cobros que realizan ministerios, municipios y otras entidades públicas por sus trámites, argumentando que algunos no guardan relación con el costo real del servicio. A ello se suma el fortalecimiento del Indecopi para eliminar barreras burocráticas y la posibilidad de modificar o derogar normas que hoy obligan al Poder Ejecutivo a realizar análisis de impacto regulatorio antes de aprobar nuevas disposiciones, una medida que podría acelerar la emisión de normas, aunque también reducir los filtros técnicos previos a su aprobación.
Este último punto, que busca eliminar o flexibilizar el Ánalisis de Impacto Regulatorio (AIR) significa que el poder de la presidencia tendré menos exigencias para justificar técnicamente nuevas regulaciones o la eliminación de las que ya existen.
5) Desde las tasas de interés hasta los peajes: los cambios económicos que propone el Gobierno
Este apartado tiene uno de los cambios más polémicos que el Congreso tendrá que debatir. Entre varios planteamientos que buscan acelerar inversiones y facilitar el desarrollo de las actividades productivas, Keiko Fujimori solicita facultades para simplificar los permisos ambientales vinculados a proyectos de inversión, así como modificar el marco normativo de sectores como minería, hidrocarburos y pesca. A ello se suma la posibilidad de cambiar las reglas para las Asociaciones Público-Privadas (APP), con el objetivo de agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura.
Otro punto llamativo del proyecto ley es derogar la ley que establece topes a las tasas de interés que los bancos pueden presentar a sus clientes, bajo el argumento que facilitaría el acceso a crédito. Actualmente el tope de interses indicado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es de 114.13% anual, y del 99.84% anual en dólares.
En ese camino de modificaciones polémicas, el proyecto también plantea derogar la ley sobre el regimen de peajes, que eliminaría el regulador económico encargado de supervisar este sistema e incorporando sus funciones a otra entidad del Estado.
6) Cambios tributarios y comercio
En este apartado, llama la atención otro pedido. Keiko Fujimori solicita, a través de su cartera de ministros, las facultades para modificar las reglas bajo las cuales la Administración Tributaria (Sunat) puede impugnar judicialmente las resoluciones del Tribunal Fiscal, argumentando que busca reducir la litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica. Este literal abre un abaníco de varias preguntas sobre las legislaciones que aplicaría la presidenta.
Por otro lado, se propone modificar la Ley General del Sistema Financiero para permitir que adolescentes desde los 12 años puedan abrir y manejar cuentas de ahorro o depósitos sin autorización de sus padres o representantes legales. Según el proyecto, la medida busca promover una mayor inclusión y educación financiera desde edades tempranas.
7) Reforma del Estado y reorganización de entidades públicas
El último capítulo del pedido de facultades se centra en la organización del Estado. Para ello, el Gobierno plantea obtener autorización para fusionar, reorganizar, transferir funciones e incluso extinguir organismos públicos cuando considere que existen duplicidades o que estas medidas permitan mejorar la eficiencia de la administración pública.
Además, el proyecto busca cambios en la estructura de las entidades públicas y ajustes en los mecanismos de gestión. Según la iniciativa, estas modificaciones pretenden reducir costos administrativos, simplificar la organización estatal y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones frente a las necesidades de la población de manera que aún no se explica.
Pese a todo este manuscrito de pedidos que Keiko pide al Congreso para interceder directamente en algunos sectores, los parlamentarios, primero, deberán debatirlo. Sea el caso su aprobación, estas modificaciones deberán desarrollarse a través de decretos legislativos.