Por la tarde, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que formuló una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, y aquellos que fueron ministros del Interior y de Defensa.
En la madrugada de este lunes, el Equipo Especial contra la Corrupción intervino la sede del Ministerio Público en el marco de investigación de una presunta red criminal que alcanza a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque sus asesores, Alberto Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Javier Villanueva Barreto, fueron detenidos preliminarmente.
Pasada las 2:30 de la tarde, en un video televisado, apareció la titular de esta instancia fiscal informando que ingresó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, el entonces ministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y quienes fueron titulares de la cartera del Interior.
Su aparición trajo diversas reacciones porque no respondió a las investigaciones en su contra. Aseguró, más bien, que el operativo ‘Valkiria 5‘ se efectuó en marco a las indagaciones en contra del Ejecutivo en torno a las muertes producidas en las manifestaciones sociales ocurridas a finales del 2022 e inicios de este año. Por lo que presentó una denuncia constitucional contra estas cinco personas por diversos delitos.
Latina Noticias obtuvo en exclusiva la carpeta fiscal N.° 331-2023 donde se detalla la denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición como presidenta de la República, Alberto Otárola Peñaranda, como ministro de Defensa, y César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, quienes ocuparon el titularato de la cartera del Interior, respectivamente. En el documento se detalla, el mismo que fue ingresado por Mesa de Partes del Congreso de la República a la 1:03 de la tarde, el proceso de investigación contra los imputados y los delitos que habrían cometido en la ocupación de sus cargos.
Los cinco imputados han sido acusado como autores por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de las manifestaciones sociales. En el caso de Dina Boluarte, la carpeta fiscal detalla que la jefa de Estado es la autora por omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves.
Para la fiscalía, la presidenta pudo detener los ataques que las Fuerzas Armadas hizo contra la población y sustentó que la máxima autoridad tuvo conocimiento por información oficial de los ministerios involucrados y de las jornadas periodísticas. Se lee que este ilícito penal está previsto y sancionado en el artículo 108 del Código Penal a título de dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Christopher Ramos, José Aguilar, Rosalino Flores, Sonia Aguilar y Víctor Quispe. Asimismo, contra Renato Murillo por lesiones graves.
La Fiscalía sustentó que Alberto Otárola, en su condición como ministro de Defensa, es el presunto autor de la omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Christopher Ramos y José Aguilar. De la misma manera, se fundamenta que el funcionario tenía conocimiento del uso de la fuerza desproporcionada de los militares contra la población por información oficial que corría en el ministerio que era titular y de las informaciones detalladas en los medios de comunicación.
La denuncia constitucional también alcanza a tres exministros del Interior como César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero. Ellos estuvieron en el cargo de esta cartera durante la explosión social en varias partes del país. De la misma manera, el documento detalló que los tres exfuncionarios pudieron evitar el desmedido uso de la fuerza de la Policía contra los manifestantes teniendo en cuenta las informaciones oficiales que se cruzaba dentro del ministerio y de los hechos difundidos en los medios de comunicación.
En el caso de César Cervantes, se le acusa por el presunto delito de omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, en agravio de Renato Murillo. Sin embargo, la Fiscalía imputa a Víctor Rojas y Vicente Romero como presuntos autores de la omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Rosalino Florez y de Sonia Aguilar y Víctor Santisteban, respectivamente.
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