Dina Boluarte: ¿qué tipos de consumo puede hacer con la tarjeta de S/5 mil que le otorga Palacio?
En medio de la polémica por el aumento de su salario a más de S/35 mil mensuales, la presidenta Dina Boluarte suma un beneficio adicional que no ha pasado desapercibido: una tarjeta recargable con S/5,000 cada mes para cubrir su alimentación y la de su familia.
Según reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias, este beneficio figura en un contrato del Despacho Presidencial con la empresa Pluxee Perú (antes Sodexo), mediante el cual se adquiere una tarjeta electrónica para consumir en supermercados, panaderías, tiendas de abasto y restaurantes afiliados. El servicio está destinado específicamente a la residencia presidencial.
TARJETA PRESIDENCIAL: ¿QUÉ CONSUMOS PUEDE HACER?
El documento oficial establece que la tarjeta tiene una recarga mensual de S/5,000 y no impone límite diario de consumo. Además, aunque no permite retiros en efectivo, existe la posibilidad de solicitar recargas adicionales al proveedor si el saldo se agota antes de fin de mes, bastando con un correo institucional para gestionar el pedido.
El contrato fue renovado este año por y permite que la presidenta realice compras variadas: desde frutas, verduras, carnes y pescados hasta productos lácteos, bebidas y comidas preparadas. En la práctica, la tarjeta es aceptada en una amplia red de locales en Lima, facilitando la cobertura de la despensa presidencial.
Cabe precisar que cuando Latina Noticias solicitó vía transparencia el detalle de los consumos efectuados con la tarjeta, el Despacho Presidencial se negó a entregarlos. Argumentó que revelar esa información pondría en riesgo la seguridad de la mandataria, pues podría exponer sus “preferencias de consumo y lugares habituales”, información sensible frente a eventuales amenazas criminales.
La falta de transparencia en torno a este beneficio ha encendido críticas sobre el uso de recursos públicos para gastos personales y familiares, en un contexto donde millones de peruanos enfrentan dificultades económicas. Mientras tanto, la administración presidencial mantiene que se trata de un gasto necesario para garantizar la seguridad y el bienestar en la residencia oficial.