El TC ya tomó una decisión sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo
La presidenta del Tribunal Constitucional informó que la entidad ya definió su posición sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, la cual busca precisar en qué situaciones puede investigarse al presidente de la República.
Luz Pacheco Zerga señaló a RPP que la decisión del TC “es una sentencia que no mira a Dina Boluarte, sino a quien sea el presidente de la República”. Asimismo, expresó su confianza en que la resolución sea publicada esta semana y que el TC “está recabando las firmas de cada magistrado” para formalizar la difusión del fallo.
EJECUTIVO CUESTIONA A FISCALÍA Y PJ POR AFECTAR ROL PRESIDENCIAL
El Ejecutivo argumenta que el Ministerio Público y el Poder Judicial habrían hecho un uso inadecuado de sus facultades constitucionales para investigar delitos y administrar justicia. Según sostiene, se habrían vulnerado las atribuciones de la presidenta en la conducción de la política general del Gobierno, tal como lo establece el artículo 118, inciso 3, de la Constitución.
En el expediente se precisa que esta afectación proviene de la interpretación que ambas instituciones han dado al artículo 117 de la Constitución, al considerar que es posible investigar al presidente de la República por cualquier tipo de delito.
Sin embargo, dicho artículo establece que el presidente de la República solo puede ser procesado, mientras dura su mandato, por los siguientes motivos: traición a la patria; obstruir la realización de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver la Cámara de Diputados fuera de los supuestos previstos en el artículo 134; e impedir el funcionamiento o la reunión del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones o de otros organismos del sistema electoral.
DEMANDA CONTRA BOLUARTE
La demanda interpuesta por el Gobierno de Dina Boluarte surgió tras el inicio de diligencias preliminares de la Fiscalía contra la presidenta, relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, el denominado caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial Policial de apoyo al Eficcop.