Elecciones 2026: inhabilitados para la función pública intentan llegar al Congreso Bicameral
A pesar de que fueron inhabilitados para el ejercicio de la función pública por faltas graves, varios candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado intentan volver al Estado como padres de la patria. Ahora apelan al voto ciudadano para continuar haciendo carrera y recibiendo sueldos con dinero proveniente de todos los peruanos.
Sobre algunos pesan sanciones por faltas graves por presentar documentos falsos para acceder a puestos en cargos públicos. Sus sanciones quedaron registradas en expedientes administrativos, judiciales y en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
ALGUNOS CASOS EN EL CONGRESO Y TC
Eliana Toledo Reyes es candidata a diputada por Lima por Somos Perú. Trabajó en el Congreso de la República entre los años 2021 y 2022. Durante ese tiempo se desempeñó como técnica en la Tercera Vicepresidencia. Para acceder a ese puesto presentó una constancia laboral en la que señalaba que había trabajado durante casi tres años en la empresa FSR Asesoría y Gestiones SAC, donde —según el documento— se desempeñó como encargada de marketing e imagen.
Sin embargo, cuando el Congreso decidió verificar esa información, la respuesta de la empresa fue que Eliana Toledo nunca había trabajado allí. Los registros oficiales de planillas presentados ante la SUNAT confirmaron que su nombre nunca apareció como trabajadora. El Congreso concluyó que la constancia era falsa y en julio del 2022 decidió despedirla e inhabilitarla por cinco años para ejercer función pública.
Por otro lado, Ángel Alejandro Valdivia Aparicio es candidato al Senado por Pasco por el partido Unidad Nacional. Trabajó en el Tribunal Constitucional como asesor jurisdiccional en el periodo 2020 -2021. Para obtener ese puesto presentó un certificado que señalaba que, entre el año 2013 y 2014, había seguido un curso de Microsoft Office en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Educación y Solidaridad” de Chiclayo.
La respuesta del instituto, durante el proceso de verificación, fue que Valdivia nunca había sido alumno y que la firma del certificado no correspondía a sus autoridades. Otro dato inquietante es que mientras el documento indicaba que asistía a clases presenciales en Chiclayo, los registros laborales del Congreso mostraron que, en ese mismo periodo, Ángel Alejandro Valdivia Aparicio trabajaba a tiempo completo en Lima durante los años 2013 y 2014. El TC concluyó que se intentó sorprender a la institución, por lo que en el 2021 fue destituido del cargo.
Finalmente, dentro de un procedimiento administrativo disciplinario hay varios tipos de sanciones. Se puede aplicar desde una amonestación verbal o escrita o una suspensión de hasta un año. En casos más graves, el Estado contempla la inhabilitación por hechos que revisten gravedad a los intereses estatales.