Exministro de Economía, Rodolfo Acuña, tendría responsabilidad penal por contratación de asesor, según Contraloría
La Contraloría General de la República encontró irregularidades en la contratación de 71 locadores FAG en el Ministerio de Economía y Finanzas, solo durante el año 2025, representando un perjuicio de más de 21 millones de soles, de acuerdo a un informe de auditoría de la entidad. En ese sentido, han encontrado presunta responsabilidad administrativa en 18 funcionarios del MEF y penal en otros nueve. Entre estos últimos, figura el ex ministro de Economía de José María Balcazar, Rodolfo Acuña.
LA SITUACIÓN DEL ESTADO
La presidenta Keiko Fujimori aseguró que ha recibido el Estado peruano en una situación catastrófica. El diagnóstico es un estado grande y lento, con obras paralizadas que representan millones de dólares estancados, retrasando inversión y crecimiento económico.
“Hemos visto que el estado es un estado gigante, que se demora en responder, que a un ciudadano le da su licencia luego de siete años para poner un grifo en el país, hemos visto que hay muchas demoras en la atención de pacientes en los hospitales, las pruebas de aprendizaje a los niños están por debajo de lo esperado, entonces este es el Estado que estamos recibiendo, en donde el dato más resaltante y que lo ha mencionado la Contraloría es que hay más de 2.500 obras paralizadas y que nadie toma una decisión de cómo se van a poner en marcha estas obras”, dice el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, quien también encabezó la comisión de transferencia del gobierno fujimorista.
LOS LOCADORES FAG
Un locador FAG es un profesional altamente calificado que es contratado por el Estado para brindar asesoría especializada a diversas entidades públicas, entre las que figuran los ministerios como el de Economía. Sus honorarios son financiados por el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG). La Contraloría encontró irregularidades en la contratación de 71 locadores FAG, solo durante el año 2025, representando un perjuicio de más de 21 millones de soles, de acuerdo a un informe de auditoría de la entidad.
“Se han cometido graves irregularidades en la contratación de diversos profesionales para diversas áreas del MEF donde se habría simulado información con la finalidad de aparentar determinados perfiles y así favorecer a esas personas con cargos tan importantes en un sector como es el MEF”, explica Guzmán Vera Coronel, vocero de la institución.
“Hablamos de contrataciones especialísimas donde los pagos superan los 15 mil soles por cada uno de los entregables que son cada mes, pero según nuestra evaluación había contrataciones que se hacían el día de hoy y a la semana se hacía el entregable, donde la naturaleza del servicio implicaba un margen de periodo más amplio”, añadió.
Vera Coronel sostiene que no se ha podido identificar cuál ha sido el aporte de estos locadores para el servicio que han sido contratados. “Hasta la propia prestación de los servicios que en muchos casos eran un copia y pega de los requerimientos que formulaban las áreas usuarias, no había ningún detalle de las descripciones de aquellas actividades concretas y no han podido ser corroboradas por la Contraloría, si estas personas cumplieron la labor efectiva de las actividades que señalaban haber desarrollado”, sostiene.
De acuerdo con el informe, también se adecuaron los términos de referencia no al requerimiento de las áreas del ministerio sino al perfil de los especialistas. El entrevistado indica que esto significa “direccionar contrataciones a personas que no cumplían con los requisirtos que la misma directiva del ministerio de economía establecía”.
“Esas personas afirmaban haber desarrollado determinadas actividades, pero cuando hemos ido a preguntar a las áreas correspondientes nos dijeron que no conocían a estos profesionales, esta situación sí es crítica”, señala.
“En muchos casos había personal nombrada de la entidad y con la contratación de estos profesionales se duplicaban las labores, estás tratando de favorecer a otra persona con la finalidad de contratarlo, eso ha sido observado por la contraloría”, agrega el entrevistado.
EL CASO DEL EXMINISTRO DE ECONOMÍA
El caso más resaltante es el del propio exministro de Economía de José María Balcazar, Rodolfo Acuña. Hace unas semanas, el diario La República, reseñando alcances de esta auditoría, señaló que cuando era viceministro de Hacienda en agosto del año pasado, es decir durante la gestión de Dina Boluarte, Acuña contrató como asesor de su despacho al general de brigada EP Carlos Díaz Dañino, acondicionado los términos de referencia a su perfil profesional. Por ejemplo, se incluyó la carrera de ciencias militares, especialidad que no guardaba relación directa con el manual de perfiles del viceministerio de Hacienda.
“Acá sucede algo particular, en la evaluación hemos identificado que Acuña y Dañino tenían relación de cercanía, y que había trabajado anteriormente juntos, hay áreas del MEF que observan esa contratación, la contraloría ha cuestionado esta contratación porque no había ningún tipo de necesidad con esa contratación porque se habían adecuado los términos de referencia no del área usuario sino de la persona que se iba a contratar”, explica Vera Coronel.
Es decir, según el vocero de la Contraloría, “se alteraron las reglas y se contrató a una persona especialista en seguridad cuando el objeto de la contratación era en términos económicos, en la evaluación hemos visto que esto no generó ningún aporte de valor agregado”.
Díaz Dañino se convirtió en ministro de Defensa en marzo de este año, durante la administración de Balcazar y acaba de ser nombrado secretario general del Ministerio del Interior, por el actual titular, César Astudillo. Punto Final buscó su versión como la de Acuña, pero no hubo respuesta. La contraloría ha encontrado presunta responsabilidad administrativa en 18 funcionarios del MEF y penal en otros nueve por la contratación de los servicios de locadores FAG en el 2025. Entre estos últimos, figura el ex ministro Acuña. La auditoría ya ha sido remitida a la Procuraduría Anticorrupción para que esta evalúe una posible denuncia penal.
“Gran parte de esos funcionarios tienen responsabilidad penal y administrativa, el MEF será la nueva gestión tendrá que evaluar para ver si hay sanciones y responsabilidades en las observaciones que ha encontrado la Contraloría”, puntualiza Vera.
RESPUESTA DE MARCO VINELLI
Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario, asegura que a la nueva gestión “no nos va a temblar la mano para actuar sobre ese tipo de irregularidades que se presenten”. “Habría que revisar muy bien lo que acabas de decir para definir la situación, recordemos que la propuesta de Fujimori es una lucha contra los posibles actos de corrupción en el Estado”, argumenta.
Dice que durante la transferencia no tenían la función de identificar corrupción. “Es importante aclarar, nosotros tenemos la función de recibir el estado con los informes que hacen los propios ministerios que hacen un informe que lo colocan en la web de la contraloría, y la comisión que recibe baja esos informes y los lee, no tenemos esa función que señalas pero lo que sí hemos encontrado y ahí el pedido al expresidente de que se hacían contrataciones, designaciones en el último mes, hasta el último día se designaba a un viceministro, ese tipo de cosas hemos encontrado a pesar de que habíamos hecho una solicitud para que la transparencia fluya y no haya ese tipo de inconvenientes”, comenta.
Más allá de posibles delitos, el caso del MEF plantea el desmedido crecimiento de la burocracia estatal en los últimos años. El titular de la carta asegura que van a atacar los procesos que ahora son redundantes y que hacen que “todo sea largo”.
“Hasta el mismo burócrata estatal se siente mal porque tiene que cumplir con lo que dice la ley y esta dice que te tengo que pedir la copia de tu DNI, pero no es necesario, no, pero dice que acá me la tienes que dar, hay que hacerle fácil la vida al funcionario para que pueda hacer su trabajo, ya que este se guía por las normas que se aprueban, la idea es sacar este tipo de procedimientos para que estos puedan ser más ágiles”, afirma.
“La población demanda mucha atención, podría atender otros tipos de servicio que tiene la gente, por ejemplo en el sector salud siempre hay una demanda de mayores médicos o profesionales o en los sectores de agricultura, que es el sector que me toca, nos piden ls agricultores más capacitaciones, asistencia técnica, volver más eficiente lo que hoy se está trabajando de forma lenta”, añade.
Mientras la procuraduría anticorrupción analiza la auditoría de la Contraloría, en el fujimorismo se ultiman detalles para lo que será la solicitud de delegación de facultades ante el Congreso de la República.
“Hay temas que los ministerios pueden hacerlo de manera directa, por ejemplo modificar un TUPA pero hay temas que están en la ley, pero si hay que cambiar el artículo de una ley tiene que ir en el pedido de facultades para que el congreso nos autorice a hacer esa modificación. Tenemos sumamente relevantes en seguridad, queremos que las FFAA tomen el control de los penales, pero legislación actual no nos lo permite, tenemos que pedirle al congreso que nos lo autorice”, aclara.
De esta manera, pretenden simplificar el procedimiento administrativo. “Ese es un elemento que lo hemos dicho en el plan de gobierno y ahora lo queremos implementar”, sostiene.
“El concepto es el siguiente tenemos que promover inversión pública como privada y eso tiene que ser ágil, en donde no te pidan dos veces el mismo estudio, porque eso ralentiza las decisiones de inversión, ese tipo de pensamiento hay que cambiar, a las pequeñas empresas dejar que funcionen para luego hacer un control posterior, para que puedan operar más rápido eliminar barreras burocráticas, esas son las cositas que están en el marco legal, si modernizaas el marco legal puedes hacer que el estado se vuelva mucho más eficiente”, opina.