Gobierno declara Estado de emergencia en cinco penales a nivel nacional
El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori decretó el Estado de Emergencia por 60 días calendario en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad, debido a la “perturbación de la paz y el orden interno”. La medida fue establecida mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
La disposición comprende los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. La decisión respondería a que desde el interior de los establecimientos penitenciarios diversos cabecillas de bandas delincuenciales coordinan ataques y otros actos delictivos.
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. La intervención incluye la protección de los perímetros exteriores de los establecimientos penitenciarios.
El Estado de Emergencia también comprende el perímetro circundante de cada penal hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores. Este espacio queda incluido dentro del ámbito de aplicación del decreto supremo.
Asimismo, durante los 60 días se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales respecto de las personas que ingresen o transiten por los establecimientos penitenciarios y sus perímetros exteriores.
LABOR DE LAS FF.AA.
El decreto establece que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegará operativos permanentes para garantizar la seguridad de los penales y la protección de sus perímetros y áreas de intangibilidad, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Las intervenciones de las Fuerzas Armadas podrán incluir acciones de protección, seguridad y control de las áreas de intangibilidad y del perímetro exterior, hasta los 200 metros establecidos. De ser necesario, también podrán contemplar la protección del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato.
La decisión se conoce seis días después de que se planteara la instalación de retenes de control y escáneres corporales en los penales. La propuesta del sector Defensa a cargo de Rafael Belaúnde busca impedir el ingreso de objetos prohibidos mediante puestos militares de inspección en los accesos.
Estos retenes contarían con escáneres corporales gestionados en coordinación con la Sunat y la embajada de Estados Unidos. Las revisiones estarían dirigidas a visitantes, vehículos de proveedores e integrantes del INPE.