Nicanor Boluarte cuestionó allanamiento a su vivienda: “Es un abuso de poder de la Fiscalía”
Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cuestionó a la Fiscalía por el allanamiento realizado a su vivienda en San Borja en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Ícaro.
“Esto es una evidencia del abuso de poder de la Fiscalía de la Nación como institución. En este caso, no soy parte del proceso ni tengo ninguna imputación. A pesar de ello, han allanado mi casa sin ninguna justificación”, anotó a los medios de comunicación.
El investigado por el caso ‘Waykis en la Sombra’ acusó al Ministerio Público de “salir a pescar para ver qué encuentra, armar un muñeco y perturbar la vida de un ciudadano”.
“Ya estoy cansado de esta persecución por ser el hermano de la presidenta de la República. En su momento, todo esto será aclarado. Soy absolutamente ajeno a los hechos por los cuales han allanado mi casa. No soy parte de este proceso”, refirió.
NO CONOCE A SANTIVÁÑEZ
Nicanor Boluarte enfatizó también que no conoce al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien también se encuentra implicado en el Caso Icaro. Según la tesis fiscal, el extitular de la cartera del Interior sería el cabecilla de una presunta red criminal que realizó varias gestiones dentro de la Policía Nacional.
“Nunca he hablado con el señor Santiváñez. No lo conozco. Nunca he conversado con él”, anotó. El hermano de la presidenta Boluarte mencionó que tiene arraigo laboral desde hace mucho tiempo y desconoció cualquier vínculo con la mina El Dorado. “Jamás trabajé con alguna mina”, apuntó.
“Soy un funcionario con una trayectoria de 25 años sin ninguna mancha. He tenido una carrera absolutamente limpia. No tengo rabo de paja”, aseguró.
EL ROL DE NICANOR BOLUARTE
El Ministerio Público sostiene que existe una presunta red criminal que habría operado desde el Ministerio del Interior. Esta estaría integrada por el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, el abogado Percy Tenorio Gamonal y Nicanor Boluarte.
Uno de los hechos investigados es la supuesta manipulación de los términos de referencia en contrataciones de la Defensoría del Policía. Esto habría permitido que el abogado Tenorio obtuviera contratos por S/200 mil cada uno para defender a cinco generales involucrados en muertes durante las protestas de 2022, pese a que su estudio no cumplía con los requisitos legales.
De acuerdo con el documento, las contrataciones se habrían concretado por órdenes directas de Santiváñez, quien instruyó a funcionarios para adaptar los documentos al perfil de Tenorio. En estas coordinaciones participaron también la administradora del estudio y funcionarios del Ministerio del Interior. Tras reportajes televisivos que revelaban irregularidades, se habrían modificado documentos para ocultar la relación directa con el abogado.
Otro hecho bajo investigación es un presunto esquema de cobros indebidos para mantener a generales en sus cargos. De acuerdo con testimonios, Santiváñez, en coordinación con Tenorio y su operador Marco Palacios, decidía quién seguía en funciones y quién era retirado. A cambio, se habrían exigido pagos de hasta 20 mil dólares.
Un cuarto hecho señalado por la Fiscalía implica el presunto encubrimiento de pruebas. Santiváñez habría utilizado las oficinas de Tenorio para ocultar computadoras, cajas fuertes y expedientes vinculados con la red. Parte de estos bienes fueron trasladados antes de los allanamientos, con la intención de impedir su incautación.
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