La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado supremo César San Martín, consideró que existe un peligro de fuga por parte del expresidente.
El Poder Judicial (PJ) ha ratificado la medida de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, por lo que seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió confirmar el mandato de prisión preventiva por 18 meses, mientras se desarrolla la investigación en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Este jueves 23 de enero, el tribunal Supremo declaró infundado el recurso de apelación de Pedro Castillo, en el cual solicitó cesar la medida de prisión preventiva que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley en octubre del 2024 y, en su reemplazo, la defensa legal del exmandatario pidió la aplicación de vigilancia electrónica.
#IMPORTANTE | Poder Judicial declara infundada apelación del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, contra resolución que rechazó revisar de oficio el mandato de prisión preventiva que se le impuso tras ser investigado por el delito de rebelión. Ver:… pic.twitter.com/eniFmY377W
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 23, 2025
Durante la audiencia, los abogados de Castillo solicitaron la revocación de la prisión preventiva, argumentando que la decisión estaba siendo tomada sin considerar de nuevos elementos de investigación. Entre ellos, la flagrancia delictiva, basándose en declaraciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como en videos que documentan la detención del expresidente.
Otro de los puntos destacados por la defensa legal del expresidente fue la supuesta eliminación del peligro de fuga. En este sentido, ofrecieron garantías de residencia en Lima para sustentar su solicitud de libertad bajo comparecencia con restricciones.
Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado supremo César San Martín, desestimó estos argumentos y consideró que existe un peligro de fuga, a la vez que podría alterar el curso de la investigación, dada la gravedad de los cargos en su contra.
«El riesgo de alejarse de la justicia permanece latente; además de un pedido de pena elevadísima y la procedencia del juicio oral dictado por el juez de la investigación».
«Es patente lo público del golpe de Estado y que se detuvo al imputado en flagrancia delictiva cuando salió raudamente del Palacio de Gobierno, tras el fracaso de la constitución del denominado ‘Gobierno de Emergencia Excepcional’, se encontraba en el vehículo oficial –y otro más– y se dirigía a la Embajada de México en el Perú, acompañado de su familia y del asesor Aníbal Torres Vásquez, antes de que logre su propósito de solicitar formalmente y obtener asilo político», precisa el documento.
Asimismo, precisa el colegiado, que no han surgido nuevos medios de investigación «ni razones basadas en la vigencia del principio de proporcionalidad que permitan variar el mandato de prisión preventiva en curso».
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Este acto fue calificado como un intento de golpe de Estado, por lo que el Congreso lo destituyó de manera inmediata. Posteriormente, Castillo fue detenido y trasladado al penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde entonces.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y la sociedad.
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