Poder Judicial ordena suspensión de cobros en peajes de Villa El Salvador y Punta Negra
El Poder Judicial ha dispuesto que la concesionaria Rutas de Lima cese el cobro de tarifas en los peajes de Villa El Salvador y Punta Negra. Esta decisión, basada en garantizar el derecho constitucional al libre tránsito, responde a un hábeas corpus presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, bajo la dirección de la jueza Merari Trujillo Padilla, acogió parcialmente la demanda. La resolución del órgano judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur obliga a Rutas de Lima a suspender la recaudación de peajes en dichos sectores.
La medida subraya que el tribunal actúa como juez constitucional para restablecer el libre tránsito. La concesionaria debe abstenerse de realizar cobros en las estaciones mencionadas, bajo advertencia de multas consecutivas en caso de incumplimiento de la orden.
PRECEDENTE CLAVE: EL FALLO DEL TC SOBRE PEAJES
Esta determinación judicial se basa en el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional (TC). En marzo de 2024, el TC emitió la sentencia N.º 01072-2023-PHC/TC, la cual ya había ordenado a Rutas de Lima la suspensión del peaje en Puente Piedra.
En esa ocasión, el TC concluyó que el cobro vulneraba un derecho fundamental al no existir rutas alternas adecuadas para la circulación de usuarios. El máximo intérprete de la Constitución puntualizó que su dictamen no invalida el contrato de concesión, sino que aborda los efectos de su ejecución cuando las condiciones impiden la circulación fluida y razonable de los ciudadanos.
EL DEBATE EN EL SUR Y EL IMPACTO ECONÓMICO
La disputa en el sur de Lima se intensificó a mediados de 2025. El conflicto entre la Municipalidad de Santa María del Mar y Rutas de Lima se centró en la exigencia contractual —suscrita durante la gestión de Susana Villarán— de habilitar rutas alternas como condición para mantener la recaudación.
Wilber Medina, representante del balneario sureño, enfatizó que, conforme al fallo del TC en el caso Puente Piedra, una vía alterna no es real si resulta excesivamente larga o si su infraestructura no soporta un alto tráfico vehicular.
Se estima que la recaudación anual por peajes en la Panamericana Sur, administrada por Rutas de Lima, supera los US$130 millones, lo que dimensiona la trascendencia económica de la concesión.
Con esta nueva orden judicial, Rutas de Lima deberá cesar el cobro de peajes en Villa El Salvador y Punta Negra hasta que se garantice el libre desplazamiento o se implementen vías alternas funcionales, en acatamiento al mandato constitucional.
Resta por conocer la estrategia de la empresa: si apelará la decisión o si procederá al cumplimiento inmediato, y cuáles serán los plazos que el Poder Judicial determinará para fiscalizar la ejecución de la suspensión antes de aplicar las sanciones económicas.