En 2013, el Congreso desaforó a Urtecho antes las acusaciones de tres de sus trabajadores que lo acusaron de haberse apropiado de gran parte de sus sueldos.
El juicio al excongresista Michael Urtecho, quien fue desaforado en 2013 tras ser acusado de recortar los sueldos de siete trabajadores de su despacho parlamentario, llega a su conclusión este jueves 24 de agosto. ¿Quién es este excongresista? Te recordamos aquí su perfil.
El monto total de lo que Urtecho habría recortado de los salarios asciende a la suma de más de 430 mil soles. A esto se añaden las acusaciones de incrementar su patrimonio de manera ilegal en más de 1 millón 8 mil soles.
Ingeniero químico y político peruano. Es hasta ahora una figura controvertida en la escena política de nuestro país. Nació en Trujillo y se caracterizó como político por abogar por los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, su carrera política quedó marcada por acusaciones de irregularidades y delitos.
En 2013, durante su mandato como congresista, surgieron acusaciones de que Urtecho había tomado una parte de los sueldos de sus trabajadores y de haberse apropiado donaciones destinadas a una organización no gubernamental (ONG) en la que tenía vínculos.
Todo inició cuando tres de sus trabajadores lo acusaron de haberse apropiado todos los meses de gran parte de sus sueldos. Su exasesora, Evelyn Goicochea, denunció que de su cuenta de ahorros donde recibía su sueldo, alguien ajeno a ella realizaban varios retiros de su cuenta sistemáticamente, en ese entonces, logró identificar que estos se hacían en una zona donde vivían el excongresista con su esposa.
Otro caso fue el de Jorge Luis Huiman y su esposa Elvia Urbina, quienes conocieron a Michael Urtecho en una congregación evangélica en Trujillo, donde él se desempeñaba como guía espiritual.
Urtecho, les ofreció trabajo en su despacho congresal. Por lo que a Huiman, le ofreció el cargo de coordinador parlamentario, mientras que a su esposa, asesora de su despacho. Sin embargo, ninguno de los dos ejecutó dichas propuestas laborales, pues terminaron trabajando como seguridad y empleada del hogar respectivamente.
La estafa de Urtecho fue descubierta por Huiman al darse cuenta de que en su estado de cuenta enviada por el área de recursos humanos a su casa era distinta. Se sorprendió de que el monto registrado, no era lo que percibía. Descubrió, entonces, que el excongresista le pagaba una cuarta parte del monto original de la boleta de pago oficial.
Por otro lado, Elvia Urbia, aseguró, en ese entonces, que la esposa de Urtecho manejaba su cuenta de débito donde percibía su sueldo y que además recibía menos de la cuarta parte. También encontró que las boletas de recursos humanos del congreso eran totalmente distintas a lo que le daban los esposos.
Estas acusaciones llevaron al Congreso a desaforarlo y abrir un proceso de antejuicio para su enjuiciamiento penal.
Urtecho se convirtió en el primer congresista en la historia de Perú en ser destituido e inhabilitado por recortar los sueldos de los trabajadores de su despacho. Además de las acusaciones de concusión, se le imputaron delitos como enriquecimiento ilícito y otros.
Finalmente, el caso está a punto de cerrar. La petición fiscal es contundente: 24 años de prisión para el exlegislador y 22 para su esposa Claudia Gonzales Valdivia, ambos señalados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y otros delitos graves.
Se le acusa de haber descontado parte de los salarios de los trabajadores de su despacho en el Congreso y de haberse apropiado de donaciones destinadas a una organización no gubernamental (ONG) de la cual era miembro. A Urtecho también se le atribuye de haberse enriquecido ilícitamente al realizar inversiones sin contar con los recursos necesarios para ello y sin justificar los gastos a través de préstamos financieros o bancarios.
Además, la Fiscalía la señala a su esposa como cómplice principal en el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se investiga que Gonzales habría efectuado operaciones financieras en cuentas personales y mancomunadas para depositar, retirar y transferir dinero ilícito, así como para emitir cheques con estos fondos.
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