Subcomisión admite nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte y desestima otras acusaciones en su contra
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este martes, por unanimidad, admitir a trámite una nueva denuncia constitucional contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada.
La decisión fue adoptada durante una sesión presidida por la congresista Lady Camones Soriano, de Alianza para el Progreso (APP), y contó con el respaldo de los nueve legisladores presentes.
La denuncia corresponde a la Denuncia Constitucional 591, presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela. Según la acusación, Boluarte habría influido en la contratación de Víctor Hugo Torres Merino en diversos programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), sector que encabezó antes de asumir la Presidencia de la República.
De acuerdo con la denuncia, Torres Merino habría sido contratado en distintas dependencias del ministerio sin cumplir plenamente con las labores asignadas, pese a recibir remuneraciones como si hubiera ejecutado la totalidad de sus funciones. Estos hechos motivaron la imputación por la posible comisión del delito de colusión, contemplado en el artículo 384 del Código Penal.
INFORMES DESESTIMADOS
Durante la misma sesión, la Subcomisión también evaluó dos informes de calificación vinculados a otras denuncias constitucionales contra la exmandataria, los cuales fueron desestimados.
El primero corresponde a la Denuncia Constitucional 348, presentada por un grupo de congresistas integrado por Elizabeth Taipe, Ruth Luque, Hamlet Echeverría, Francis Paredes, Kelly Portalatino, Sigrid Bazán, Carlos Zeballos, Flavio Cruz, Milagros Rivas e Isabel Cortez. La denuncia alcanzaba además al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, y al exministro del Interior, Vicente Romero Fernández.
Los denunciantes atribuyeron a los exfuncionarios responsabilidad por el presunto uso indiscriminado de armas de fuego por parte de efectivos policiales y militares durante las protestas registradas en enero de 2023. El informe de calificación fue desestimado con nueve votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
Asimismo, se rechazó el informe correspondiente a la Denuncia Constitucional 486, formulada por los ciudadanos Irma Cayo Sánchez, John Lapa Oré, Valerio Riveros López y Jorge Otoya Villalva. En este caso, se acusaba a Boluarte de presuntas infracciones constitucionales y de la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado y lesiones graves. La votación registró también nueve votos a favor de la desestimación, dos en contra y ninguna abstención.