Este proceso surge a raíz de las declaraciones emitidas por el exasesor, Jaime Villanueva. La pesquisa también involucra al fiscal provincial Marco Huamán, al exministro del Interior Juan Carrasco y al exfuncionario Miguel Girao.
El valor promedio de ventas perdidas por este factor ascendió a 122 dólares en Perú, lo que es una pérdida potencial de más de 1830 millones de dólares para las compañías.
