Tras un operativo conjunto entre la Policía y el Serenazgo, fue desarticulada la banda conocida como “Los Saracas de Cárcamo”, conformada en su mayoría por menores de edad y sindicada como el terror de los taxistas en el Cercado de Lima. Cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes abrían las puertas de los vehículos en movimiento para arrebatar celulares y pertenencias a conductores, incluidos aquellos que trabajaban con aplicativos.
El exalcalde de Trujillo y precandidato presidencial, Arturo Fernández, fue condenado a un año de prisión efectiva por difamación y se ordenó su captura para ser recluido en el penal El Milagro. Fernández calificó la sentencia como “un abuso” y anunció que apelará. Es su cuarta condena, aunque antes recibió prisión suspendida.
Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo en la urbanización Tarapacá, en el Callao, en lo que constituye la tercera balacera registrada en menos de 24 horas en la zona. Testigos señalaron que sicarios a bordo de dos motocicletas interceptaron el auto gris y dispararon al menos seis veces contra la víctima.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, llegó esta mañana a la sede del Ministerio Público para dar inicio de su proceso judicial. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional comenzó el juicio oral contra la exautoridad y otros 18 implicados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción en el marco del caso Odebrecht y OAS.
El Ministerio Público oficializó la designación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino, tras la suspensión temporal de Delia Espinoza por decisión de la JNJ. La medida, aprobada por unanimidad por la Junta de Fiscales Supremos y publicada en El Peruano, responde a lo establecido en los reglamentos que disponen que el fiscal supremo más antiguo asuma el cargo en ausencia del titular.
Este martes 23 de septiembre inicia el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán. El Ministerio Público solicita 29 años de prisión al acusarla de recibir aportes ilícitos de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas. Según la Fiscalía, esos fondos brasileños habrían sido clave para favorecer a las empresas en los contratos de Rutas de Lima y la concesión de Línea Amarilla.
