Pedido de facultades legislativas: ya son siete las comisiones que lo declaran inviable
A pesar de los esfuerzos del bloque oficialista, conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular, para obtener el visto bueno de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados respecto al pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo, ya son siete los grupos de trabajo que se han pronunciado en contra de otorgarlas, siendo la Comisión de Defensa del Consumidor la última en sumarse a este rechazo.
Hasta la fecha, las comisiones que han declarado “no viable” la entrega de facultades son:
- Energía y Minas
- Justicia
- Infraestructura, Vivienda y Transporte
- Producción
- Trabajo
- Ciencia
- Defensa del Consumidor
En contraste, de las 12 comisiones a las que la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, solicitó opinión técnica, únicamente dos —Medio Ambiente y Defensa— se han mostrado a favor de conceder la prerrogativa para legislar. Por su parte, la Comisión de Economía resolvió postergar la votación de su informe en medio de cuestionamientos entre bancadas.
Ante este panorama, la oposición —integrada por el Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación— mantiene la mayoría de votos en instancias clave. Como respuesta, parlamentarios de Fuerza Popular y Renovación Popular vienen impulsando propuestas alternativas e informes en minoría que buscan delimitar las materias técnicamente viables para una eventual delegación.
EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUEN LAS FACULTADES LEGISLATIVAS
El pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori podría resolverse entre finales de octubre e inicios de noviembre. Bajo el actual sistema bicameral del Parlamento, el procedimiento establece plazos reglamentarios estrictos para ambas cámaras.
En primer lugar, la Cámara de Diputados tiene un plazo de apremio de hasta 15 días hábiles, de carácter improrrogable, para emitir el dictamen correspondiente. Dentro de esta etapa, la Comisión de Constitución —encargada principal de la evaluación— tiene como meta dictaminar el pedido a más tardar el 18 de septiembre, para derivarlo al Pleno de dicha cámara.
Posteriormente, tras la aprobación de los diputados, la Cámara de Senadores cuenta con un plazo máximo de 9 días hábiles para revisar, debatir y someter a votación final el proyecto. En esta fase se evaluará el alcance definitivo de las materias delegadas antes de la resolución final en la cámara alta.
El proceso podría dilatarse por dos factores: la Semana de Representación, programada entre el 21 y el 25 de septiembre, que detendrá el trabajo regular en comisiones; y la complejidad del pedido, que abarca 66 materias y solicita un plazo de 120 días para legislar, sumada a los cuestionamientos de las bancadas de oposición.