El Gobierno presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que plantea cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) el 31 de diciembre de 2026 y establecer un nuevo sistema para regularizar a los operadores que aún no cumplen todos los requisitos.
La propuesta contempla la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esta institución asumiría funciones relacionadas con autorizaciones, evaluación ambiental, supervisión, sanciones y administración de los registros del sector.
Tras el cierre del Reinfo, se implementaría un régimen de consolidación temporal entre el 1 de enero de 2027 y el 30 de junio de 2028. Durante ese periodo, los mineros inscritos podrían completar los requisitos pendientes para incorporarse al régimen ordinario. De aprobarse la ley, el Ejecutivo tendría 120 días calendario desde su publicación para aprobar el reglamento y adecuar las normas correspondientes.
¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS INSCRITOS EN EL REINFO?
A este régimen de consolidación podrán acceder las personas naturales o jurídicas que mantengan su inscripción en el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026. Quienes tengan registros vigentes estarán habilitados temporalmente para continuar trabajando en las coordenadas declaradas. En cambio, los operadores con inscripciones suspendidas conservarán esa condición hasta que la autoridad competente verifique el cumplimiento de los requisitos y disponga su levantamiento.
La exposición de motivos reporta 31.574 inscripciones en el Reinfo: 22.715 vigentes y 8.859 suspendidas. Además, hasta septiembre de 2026 se habían formalizado 2.345 mineros, que reúnen a 9.885 socios o asociados.
VENTANILLA ÚNICA
El proyecto plantea implementar una Ventanilla Única de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para centralizar los trámites administrativos. Además, se habilitaría una Casilla Electrónica Única para notificar decisiones a los operadores.
El Formape administraría un sistema nacional de información y trazabilidad que permitiría seguir los minerales desde su origen hasta su transporte, procesamiento y comercialización. La plataforma reuniría datos sobre concesiones, permisos, certificaciones ambientales, producción, operaciones comerciales y sanciones. Las entidades públicas, por su parte, estarían obligadas a actualizar e intercambiar información.
ACCESO A CUENTAS BANCARIAS
En el ámbito financiero, la iniciativa autoriza al Banco de la Nación a abrir cuentas corrientes y de ahorro para los operadores comprendidos en los regímenes ordinario y de consolidación. El documento sostiene que el 86,7% de las operaciones del sector se realiza en efectivo y que el 99% de sus operadores no accede a crédito productivo formal, según información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del programa planetGOLD Perú.
También se proponen incentivos para los titulares de concesiones que firmen contratos de explotación o cesión con pequeños mineros por al menos tres años. Sin embago, estos beneficios se perderían si el contrato termina o el operador deja de cumplir los requisitos establecidos.
REQUISITOS AMBIENTALES
La propuesta exige autorización sectorial, certificación ambiental y otros permisos legales para iniciar o reiniciar operaciones mineras. Los procedimientos ambientales se adaptarían a la escala y los riesgos de cada actividad, sin reducir los estándares de protección.
Además, los operadores dedicados a extraer o procesar oro tendrían que disminuir progresivamente el uso de mercurio hasta eliminarlo, conforme a los plazos que establezca el reglamento. El Minem mantendría la rectoría de la política nacional, mientras que el Formape ejecutaría programas y administraría los regímenes.
