Durante su exposición ante el Congreso, el primer ministro anunció también que buscarían crear una policía municipal para enfrentar la inseguridad y elevarían a un millón soles la recompensa para quien brinde información sobre 'El Monstruo'.
Gustavo Adrianzén señaló que la norma aprobada por el Congreso no promueve ninguna impunidad en contra de las víctimas de La Cantuta o Barrios Altos.
Javier Arévalo mencionó que la aplicación de la ley dependerá de los jueces peruanos, quienes decidirán si es constitucional o no aplicarla mediante el control difuso.
Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, alertó sobre la posibilidad de que el Estado peruano enfrente consecuencias de corte económicas al no acatar la resolución de la Corte IDH.
Corte IDH había pedido al Estado peruano no otorgar vigencia a un proyecto de ley que intenta limitar el alcance de los delitos de lesa humanidad.
