En la calle de Los Alisos, en San Martín de Porres, a solo metros de la intersección con la avenida Canta Callao, un ciudadano de nacionalidad venezolana, llamado Kleiber, de 18 años de edad, fue abatido de 26 disparos. Él trabajaba en un car wash cercano y se encontraba trasladando una moto hacia un taller mecánico cuando fue abordado por dos sujetos, quienes le dispararon repetidas veces. Al escapar, los criminales dejaron tirada la moto en la que se movilizaban. La Policía no descarta que se trate de un caso de extorsión al segundo de los negocios.
Miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios salieron a las calles de Argentina para protestar contra los recortes del gobierno de Javier Milei a la educación pública. La movilización tuvo su principal concentración en Buenos Aires. Los manifestantes exigen que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y denuncian que las universidades enfrentan una fuerte crisis presupuestaria. En tanto, el gobierno de Milei defiende su política de ajuste y asegura que busca mantener el equilibrio fiscal.
Un transportista reportado como desaparecido desde hace dos semanas fue encontrado sin vida en el río Torococha, en Juliaca, región Puno. El cuerpo de Wilfredo Huayta Nina, de 45 años de edad, fue hallado flotando entre las aguas del mencionado río, acabando con la esperanza de sus familiares de ubicarlo con vida. Él trabajaba como chofer de carga pesada y de pasajeros entre Arequipa, Puno y Puerto Maldonado. La familia exige a las autoridades esclarecer las causas de su muerte.
VIDEO: AIL - Azteca. Hasta 50 años de prisión podría enfrentar Roxana N, la madre de Vicentito, el menor de tres años que perdió la vida el pasado 2 de mayo a consecuencia de un golpe de calor al permanecer dentro de un vehículo por 14 horas, en el municipio de Mexicali, en México. Un juez de control determinó vincular al proceso a la madre por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual. Mientras el pequeño permanecía en el vehículo, ella subía contenidos a sus redes sociales. Como parte de la resolución judicial, la imputada deberá permanecer en prisión preventiva y se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.