Alberto Otárola responde a denuncia de Patricia Benavides: «Espero que haya tomado valeriana»

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió a la denuncia constitucional entablada en su contra por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Las imputaciones también llegan a la presidenta Dina Boluarte y quienes ocuparon el titularato del Ministerio del Interior, a saber, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.

«Espero que la doctora Benavides haya tomado un poco de valeriana, porque la hemos visto muy activa entre la noche y la mañana, y en la conferencia que ha dado hoy no ha mencionado a su asesor, el señor (Jaime) Villanueva, que en este momento está detenido junto a tres asesores de ella», señaló el jefe del gabinete ministerial en entrevista con RPP Noticias.

En palabras de Otárola, la Fiscal de la Nación está tratando de «desviar la atención» sobre la «gravísima denuncia» en su contra que emprendió la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), por presuntamente liderar una organización criminal al interior del Ministerio Público.

En esa línea, el presidente del Consejo de Ministro consideró que «sería muy bueno para el país» que la titular de la Fiscalía de la Nación «se haga cargo de sus propios actos». «Lo que no se puede consentir es que se aproveche políticamente un caso para ocultar una denuncia pública promovida por los colegas de la señora fiscal», agregó.

¿CUÁLES SON LOS DELITOS IMPUTADOS CONTRA ALBERTO OTÁROLA?

Latina Noticias obtuvo en exclusiva la carpeta fiscal N.° 331-2023 donde se detalla la denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición como presidenta de la República; Alberto Otárola Peñaranda, como ministro de Defensa; y César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, quienes ocuparon el titularato de la cartera del Interior, respectivamente.

La Fiscalía sustentó que Otárola, en su condición como ministro de Defensa, es el presunto autor de la omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Christopher Ramos y José Aguilar.

De la misma manera, se fundamenta que el funcionario tenía conocimiento del uso de la fuerza desproporcionada de los militares contra la población por información oficial —que corría en el ministerio del que era titular— y las informaciones detalladas en los medios de comunicación.

La denuncia constitucional también alcanza a tres exministros del Interior como César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero. Ellos estuvieron en el cargo de esta cartera durante la explosión social en varias partes del país.

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