El abogado de la presidenta Dina Boluarte consideró que la denuncia constitucional que presentó la Fiscal de la Nación contra su representada es una "respuesta política".
La defensa de la presidenta Dina Boluarte conversó con Latina Noticias sobre las acciones que tomarán luego de que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emprendiera una denuncia constitucional en su contra. Al respecto, el abogado Joseph Campos aseguró que a la fecha se encuentran ante «un nuevo escenario», que es el Congreso de la República, al cual deberán «abordar».
«Lo segundo es evaluar, porque esta resolución (la de la Fiscalía de la Nación) es muy mala, está muy mal motivada. Y, ciertamente, ha habido algunos pronunciamientos o algunas peticiones previas (de nuestra parte) que no han sido respondidas. Lo que queremos es evaluar mejor (…) Mañana estaremos realizando una acción más concreta», dijo la defensa de la jefa de Estado.
Para el abogado de Boluarte, la iniciativa de la Fiscal de la Nación contra su representada es «un manotazo de ahogado, una respuesta política a un problema jurídico que no existe y que irresponsablemente se mantiene«. Agregó que el viernes pasado, fueron anunciados que las investigaciones contra la presidenta se realizarían «en dos grupos».
«Estábamos revisando esa disposición y resulta saliendo con esta denuncia constitucional. ¿Qué ha pasado entre viernes y lunes? Nada más que esta guerra interna en el Ministerio Público. Los poderes no están para ser utilizados políticamente», afirmó Campos. «Estamos viviendo una guerra interna donde (la fiscal Benavides) ha querido expandir los efectos a otros lugares y, lamentablemente, se ha usado el derecho y la justicia para propósitos que no son del derecho ni de la justicia», agregó.
Latina Noticias obtuvo en exclusiva la carpeta fiscal N.° 331-2023 donde se detalla la denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición como presidenta de la República, Alberto Otárola Peñaranda, como ministro de Defensa, y César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, quienes ocuparon el titularato de la cartera del Interior, respectivamente.
En el documento, que fue ingresado por Mesa de Partes del Congreso de la República a la 1:03 de la tarde, se detalla el proceso de investigación contra los imputados y los delitos que habrían cometido en la ocupación de sus cargos.
Los cinco imputados han sido acusados como autores de los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de las víctimas de las manifestaciones sociales. En el caso de Dina Boluarte, la carpeta fiscal detalla que la jefa de Estado es la autora por omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en las modalidades de homicidio calificado y lesiones graves.
Para la Fiscalía, la presidenta pudo detener los ataques que las Fuerzas Armadas hizo contra la población y sustentó que la máxima autoridad tuvo conocimiento por información oficial de los ministerios involucrados y de las jornadas periodísticas.
Se lee que este ilícito penal está previsto y sancionado en el artículo 108 del Código Penal a título de dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Christopher Ramos, José Aguilar, Rosalino Flores, Sonia Aguilar y Víctor Quispe. Asimismo, contra Renato Murillo por lesiones graves.
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