Con 83 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de revisar el Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht. En el documento se identifican presuntos indicios de delitos contra fiscales, procuradores y jueces. Se menciona a José Domingo Pérez, Rafael Vela, Zoraida Ávalos, Gustavo Gorriti, Jorge Ramírez, Silvana Carrión y Pablo Sánchez.
Tras casi 48 horas detenidos, varios de los investigados por las cédulas rayadas durante la segunda vuelta recuperaron su libertad. El Poder Judicial consideró que no hubo afectación al proceso electoral.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte de Lima Norte, presidido por la magistrada Fiorella Linares Pérez, rechazó el pedido de la Fiscalía para instaurar la vía inmediata en el proceso judicial que se le sigue a los tres miembros de mesa detenidos el domingo 7 de junio, en el marco de la segunda vuelta electoral, por presuntamente tener en su poder cédulas de votación rayadas. La sala invitó a que el caso se desarrolle por la vía ordinaria y dispuso la liberación de los investigados.
En medio de la audiencia donde fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por atropellar y causar la muerte del vigilante Juan Martínez, de 54 años, Maricsa Alfaro Cerna (32) pidió perdón a la familia de la víctima. También solicitó al magistrado su libertad para trabajar y compensar económicamente a los deudos, pero la sala optó por una sentencia condenatoria.
El Poder Judicial (PJ) dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición en contra de la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky, quien fue detenida al estar acusada desde Bélgica de ser pieza clave de una red de proxenetismo que llevaría mujeres de la Amazonía peruana hacia el país europeo para explotarlas sexualmente.
La organización criminal "Los Elegantes de Lima" fue intervenida por presuntamente apropiarse de inmuebles abandonados mediante falsificación de documentos. La red criminal contaba con trabajadores infiltrados en Sedapal, Sunarp y el Poder Judicial, quienes ayudaban a identificar propiedades y registrarlas ilegalmente como suyas. Las autoridades investigan la participación de funcionarios públicos en esta presunta mafia dedicada al tráfico de inmuebles.
