Con la aprobación del informe final, el caso pasará al Pleno del Congreso, que deberá ratificar o rechazar la sanción contra el exmandatario.
La sanción se basa en la acusación de abuso de autoridad debido al retiro de policías durante su gestión en el Ministerio del Interior.
El pleno del Congreso deberá ratificar o rechazar el informe.
